La empresa Cementos Pacasmayo SAA, a través del gerente de Tributación y Planeamiento Fiscal, Ricardo Valcárcel García, precisó que la empresa sí ha cumplido con declarar y pagar el impuesto predial de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 “de acuerdo a la metodología establecida por las normas aplicables vigentes en cada uno de esos años (…)”. Y que, la “Municipalidad Distrital de Pacasmayo ha recibido, aceptado, y aprobado las declaraciones juradas de la empresa. Prueba de ello es que durante todos los años anteriores a 2021 no ha hecho, no ha comunicado, ni ha notificado reclamo, desacuerdo, u observación alguna”. En opinión del funcionario, los actos municipales exigiendo el pago por la presunta deuda, van camino a un declarado abuso de autoridad y coerción. Confirmó que, como ha sido de dominio público, el alcalde César Milla Manay solicitó el pago adelantado del importe total anual de los impuestos correspondientes a los años 2020 y 2021. Esos pedidos, que tenían acuerdo de concejo de por medio, fueron atendidos por la empresa “siempre dentro del marco legal vigente, y sin que hubiera observación o reclamo alguno por parte de la autoridad edil sobre el monto anual a pagar”, precisó el funcionario. “Obra en nuestro poder todos los documentos al respecto”. A fines del año 2021 la MDP inició el proceso de fiscalización que la empresa cuestiona. “Sin base legal que lo ampare, solicitaron que se presente una valuación de todos los predios de nuestra propiedad ubicados en el distrito de Pacasmayo, en la que se valorice individualmente el terreno, las edificaciones e instalaciones correspondientes. Asimismo, solicitaron que la referida valuación esté autorizada por un ingeniero civil o arquitecto, y por un representante legal con facultades para presentar declaraciones; conminándonos, además, a presentar declaraciones juradas rectificatorias de los periodos del 2017 al 2021”, señaló Valcárcel García. La empresa fiscalizadora Professional Service Ings S.R.Ltda y la gestión Milla determinaron la presunta deuda en casi quince millones de soles, calificando los predios cementeros como urbanos, lo que cuestiona la empresa. “Pretender obligarnos a valorizar los predios como urbanos cuando de acuerdo a las normas y disposiciones establecidas son rústicos, bajo amenaza de ser denunciados penalmente, es un acto de manifiesto abuso de autoridad y de desconocimiento del procedimiento legal establecido en la vía administrativa”, explicó. El funcionario defendió que “no se puede mediante un requerimiento administrativo intentar obligar a un contribuyente a rectificar sus declaraciones, amenazando con el inicio de una acción penal y de otras sanciones inaplicables al caso. Lo que correspondía, de acuerdo al Código Tributario, es que la administración (municipal), en uso de su facultad de fiscalización corrobore en el campo, la información declarada por el contribuyente, compare sus resultados y establezca, de existir, las diferencias que considere”. Aviso de denuncia penal En su proceso de cobranza, la MDP cursó a la empresa cementera el Requerimiento N° 01-2022-SGAT-MDP por el cual se les advirtió que se impulsaría una denuncia penal por presuntos delitos de defraudación tributaria, si es que la empresa no aceptaba la deuda y declaraba como urbanos los predios rústicos, “en un acto de claro abuso de autoridad y coerción indebida”, añade el funcionario. Para la empresa, si hubiera que dilucidar la calificación de los inmuebles, como urbanos o rústicos, se trata de un acto eminentemente administrativo. “La amenaza de una denuncia penal pone de manifiesto la arbitrariedad, mala fe y desconocimiento del marco legal vigente de los funcionarios a cargo de la fiscalización… a la fecha no existe ninguna deuda exigible con la referida Municipalidad”, aseveró. A raíz de esta fiscalización, la empresa cementera recibió resoluciones de determinación generadas por la MDP por la presunta deuda por Impuesto Predial 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, y una sanción pecuniaria por los citados períodos. En este caso, la empresa interpuso un recurso de reclamación ante la municipalidad, el 19 de agosto 2022. Caso 2015 sin respuesta de MDP A raíz de la deuda que la gestión Milla imputa a la cementera, la empresa recordó un caso similar que se produjo en el 2015. En aquella oportunidad, la MDP inició un proceso de fiscalización que concluyó con la determinación de una supuesta deuda y multas que fueron notificadas al contribuyente. La MDP actuó con similares procedimientos. La empresa apeló las Resoluciones de Determinación pero dado que la MDP declaró infundado el recurso (con RA 523-2015-MDP/A del 17 setiembre 2015) la empresa elevó el caso al Tribunal Fiscal, el 7 de octubre del 2015. Mediante Resolución del Tribunal Fiscal 10701-7-2016 del 16 de noviembre de 2016, este órgano declaró nula la RA 523-2015-MDP/A y ordenó que la MDP examine y resuelva la reclamación de la empresa de acuerdo a ley. Pasados más de 5 años, la MDP no ha emitido pronunciamiento.
| Fuente: UNDiario.pe
