La Comisión Permanente otorgó hoy a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de hasta 15 días hábiles para que realice la investigación y presente su informe final respecto a la Denuncia Constitucional nro. 326, admitida a trámite por procedente, contra Pedro Castillo Terrones y 18 exministros de su gestión, entre ellos Aníbal Torres, por presunta infracción de la Constitución.
Se trata de la denuncia interpuesta por la congresista Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País), luego de que el entonces titular de la Presidencia de Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, presentara en noviembre pasado una cuestión de confianza ante el Pleno para aprobar el Proyecto de Ley N.° 3570/2022-PE, que proponía derogar la Ley N.° 31399, Ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional.
La denunciante cuestionó la presentación de una cuestión de confianza por parte de los denunciados, sobre una norma que por su naturaleza de ley orgánica, haría la cuestión de confianza ilegal o inconstitucional.
Adicionalmente, señala que al momento de presentar la cuestión de confianza se habría condicionado su viabilidad a la aprobación del proyecto de ley en cuestión, y que este último estaría relacionado con los mecanismos de reforma constitucional, por lo que también en ese extremo se estarían invadiendo el fuero o competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la Republica.
La decisión de la Comisión Permanente fue por 19 votos a favor, 6 en contra y dos abstenciones, en la sesión de este miércoles 11 dirigida por el presidente del Congreso de la República, José Williams Zapata, quien sostuvo que el plazo se otorga en aplicación del primer y segundo párrafo del inciso d) del artículo 89 del Reglamento del Parlamento.
La denuncia contra Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, es en el extremo de la presunta infracción de los artículos 38 y el numeral 1 del artículo 118 de la Constitución.
Además, los exministros denunciados son Daniel Barragán Coloma, Willy Huerta Olivas, Félix Chero Medina, César Landa Arroyo, Alejandro Salas Zegarra, Kelly Portalatino Ávalos, Betssy Chávez Chino, entre otros, por la presunta infracción del artículo 38 de la Constitución.
En los extremos de la referida denuncia constitucional declarados improcedentes, pasó al archivo.
AL ARCHIVO
Por ser declaradas improcedentes, pasaron al archivo tres denuncias constitucionales. Ellas son:
-DC 79 (antes 421) y 85 (antes 432) acumuladas, contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia Luz Inés Tello Valcárcel de Ñecco, Henry José Ávila Herrera, Aldo Alejandro Vásquez Ríos, Imelda Julia Tumialán Pinto, Antonio Humberto de la Haza Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares y Guillermo Santiago Thornberry Villarán.
-DC 59 (antes 395), contra los excongresistas Edgard Arnold Alarcón Tejada y Omar Karim Chehade Moya.
– DC 73 (antes 414) contra Jorge Luis Benjamín Romero Castro, en su condición de Parlamentario Andino.
OFICINA DE COMUNICACIONES